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Vivimos en un entorno de profundo cambio en el que reinventarse es una necesidad constante. En este sentido, el sector jurídico tiene un largo camino por delante con importantes retos en el ámbito de la implementación de las fórmulas extrajudiciales de resolución de conflictos, con especial interés, a mi juicio, en el campo de la mediación especializada.

Según los “Indicadores de la Justicia en la Unión Europea”, “The EU Justice Scoreboard”, publicados por la Comisión Europea en febrero de 2014, España se encuentra a la cola en materia de inversión en la Justicia y en el número de jueces y a la cabeza de los Estados de la UE en número de casos judiciales pendientes de sentencia.

Analizando las reformas operadas para la mejora de la Administración de Justicia con la promulgación en 2012 de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley de tasas judiciales, se optó por promover la mediación, más ágil y económica que el proceso judicial, y por establecer unas tasas judiciales con el objetivo de reducir la interposición de demandas.

Sin embargo, España, a mi juicio, no estaba aún preparada para reducir el acceso a la Justicia e imponer los métodos de resolución alternativa de conflictos debido a su escasa implantación y a su desconocimiento e incompleto desarrollo normativo. Mientras no se produzca una implantación significativa de los métodos alternativos de resolución de conflictos, una mejora de la evolución de las cifras del sistema judicial, no implicará una mejora real de la Justicia y de la seguridad jurídica sino que significará que simplemente se reducen los litigios por motivo del efecto disuasorio que provoca la Ley de tasas. Asimismo, lo único que se conseguirá será dañar aún más la confianza, de los ciudadanos e inversores, en nuestro sistema judicial, incrementando la inseguridad jurídica y limitando el desarrollo económico.

Una Ley de tasas judiciales ajustada a unas cuantías razonables, en combinación con una Ley de mediación civil y mercantil más atractiva, produciría de por sí un notable descenso en la judicialización de los conflictos sin que ello provocara un rechazo en los sectores profesionales implicados. Y ello, porque el uso de otras vías alternativas a la judicial estaría inspirado en la buena técnica de la mediación o en la implantación de un procedimiento realmente atractivo en la forma y en el fondo.

Lo cierto es que, en la actualidad, en España, existe bastante reticencia a la hora de considerar estas vías de solución de conflictos que constituyen nuevas posibilidades y retos a enfrentar. En este sentido, hace falta una mayor conciencia y, sobretodo, contemplar estas alternativas como unas vías mucho más satisfactorias también en el plano de las metas y logros profesionales.

La mediación no es solo una mejor opción por su agilidad y menor coste, sino porque supone la instauración de una cultura de paz en la que las partes afrontan el conflicto, evitando el desgaste de las relaciones que provoca el proceso judicial y facilitando su continuidad en el largo plazo.

Ahora bien, cuando hablamos de mediación, no podemos pensar únicamente en un conocimiento de sus técnicas dado que, en nuestro Derecho civil, y en el mercantil especialmente, se requieren habilidades y conocimientos que solo pueden ser fruto de la formación y la experiencia. Es importante, por consiguiente, abrir el paso a todas las posibilidades que ofrece la mediación especializada, de la cual constituye un claro ejemplo la mediación concursal, si bien no se agotan en ella las necesidades de resolución de conflictos que demanda el tráfico mercantil.

Se trata, además, de un reto a nivel internacional para satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más globalizado. Así, en mediaciones bajo el Reglamento de la OMPI son numerosos los conflictos que se plantean en materia de patentes, marcas, biotecnología y telecomunicaciones, entre otros, en los que se opta por mediadores especializados en dichas ramas. Por ello, estos profesionales, además de dominar perfectamente las técnicas de mediación, requieren de una alta especialización en un ámbito concreto.

Finalmente añadir que no solo la situación actual en España nos empuja en la dirección de estas fórmulas extrajudiciales. Así, un estudio presentado por el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo en febrero de 2014 sostiene que únicamente introduciendo elementos de mediación obligatoria en los sistemas jurídicos de los Estados miembros se lograría un aumento del uso de este sistema alternativo de resolución de conflictos. En concreto, señala que “es muy significativo” que Italia, el único país de la UE con más de 200.000 mediaciones por año, “sólo vio este aumento cuando la mediación se convirtió en una condición previa al juicio, en determinados tipos de litigios”.

Por ello, considero que es muy probable que un futuro próximo la mediación se constituya, también en nuestro país, con carácter obligatorio para impulsar definitivamente su necesaria implantación.

 

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