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La jurisprudencia define al administrador de hecho como aquella persona que, sin  ostentar formalmente el nombramiento de administrador, ejerce la función como si estuviese legitimado, prescindiendo de tales formalidades, o continúa ejerciendo la función de administrador una vez producido formalmente su cese o sobrevenida la caducidad del nombramiento. Por el contrario, no tiene tal condición quien actúan regularmente por mandato de los administradores, pues la característica del administrador de hecho no es la realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la condición de administrador con inobservancia de las formalidades mínimas.

Bajo la expresión administradores de hecho, la doctrina recoge una serie de supuestos:

•  Los administradores que controlan de hecho la gestión social sin ocupar formalmente el cargo, ejerciendo sobre los administradores formales una influencia decisiva e incluso llegándolos a sustituir, sin aparecer, por otro lado, como tales ante terceros. A este grupo se les podría atribuir el calificativo de administradores ocultos.

•  Aquellos supuestos en los que, sin ocupar formalmente el cargo, controlan de hecho la gestión social y aparecen frente a terceros con la apariencia jurídica de administrador formal. Se les podría calificar como administradores aparentes.

•  Aquellos administradores que ocupan formalmente el cargo pero cuyo nombramiento está viciado de nulidad -nombramiento defectuoso, con infracción de alguna prohibición o incompatibilidad legal, violando alguna cláusula estatutaria-, o carece de la necesaria publicidad.

•  El administrador con cargo caducado, sin que se haya producido renovación o reelección

1) Cuando, una vez adquirida la totalidad de las acciones de una determinada sociedad, quien se convierte en único socio de la misma omite la designación de quien ha de ejercer el cargo de administrador, es considerado administrador de hecho

2) En el ámbito de las sociedades cerradas, integradas por un número reducido de socios, es frecuente, en la práctica, que el socio mayoritario  (socio tirano), con la única finalidad de evitar la responsabilidad prevista en la ley para los administradores, evite acceder al cargo formal, sin renunciar, por ello, al ejercicio efectivo de la gestión social, mediante la injerencia o sustitución directa de quienes la tienen formalmente atribuida. A tal fin, es frecuente que exija y logre un apoderamiento general, en virtud del cual el órgano de administración le confiere la totalidad de las facultades susceptibles de delegación

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DE HECHO

El administrador de hecho es responsable no tanto por su condición, cuanto por el daño que, como consecuencia de actos contrarios a la ley, a los estatutos o realizados sin la diligencia propia de los administradores de hecho, se causa a los terceros acreedores, a los socios o a la propia sociedad. Por tanto, la imputación de responsabilidad a quien es calificado como administrador de hecho requiere no sólo acreditar la procedencia de tal calificación a un sujeto determinado, sino la concurrencia simultánea de los demás presupuestos de responsabilidad.

La aplicación práctica de la técnica del administrador de hecho ha de estar presidida, en todo momento, por un criterio de prudencia, requiriéndose a tal efecto la constatación indubitada de los siguientes requisitos:

•  El desplazamiento de las funciones de efectiva y general dirección propia de los administradores sociales a favor de quien, formalmente, no pertenece al órgano de administración de la sociedad.

•  Que dicho sujeto desarrolle su actuación de manera autónoma y continuada; esto es, sin sometimiento a las instrucciones de quienes formalmente ocupan el cargo, sino al contrario, sustituyendo o controlando a éstos últimos.

•  Que el desplazamiento del poder de decisión en la sociedad a favor de quien es calificado como administrador de hecho tenga una finalidad fraudulenta consistente en evitar que se puedan ejercitar con el mismo las acciones de responsabilidad que prevé la Ley.

•  La producción de un daño o perjuicio en los intereses legítimos de la sociedad, los socios o los acreedores, como consecuencia de un obrar malicioso o negligente de dicho administrador.

No obstante no podemos olvidar lo siguiente que la principal obligación de los administradores de la sociedad es la de administrar. La infracción  del deber de administrar constituye un incumplimiento de la obligación de desempeñar el cargo. Tolerar dicha situación supone una dejación de las funciones o una ignorancia de los deberes inherentes al cargo que, como tales, son inoperantes a efectos de la exoneración de responsabilidad. Y de otra parte, si tal circunstancia no sólo es tolerada, sino propiciada, de forma más o menos directa, mediante la delegación  expresa de facultades o apoderamientos tan amplios que, en realidad, esconden al auténtico administrador de la sociedad, es indudable que con ello se está infringiendo el deber de diligente administración, incurriendo en la denominada culpa «in vigilando» o de control de la actuación de aquel en quien se delega.

Fuente del artículo Memento Sociedades de Capital.

 

 

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